Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2011/83/UE en lo relativo a los contratos de servicios financieros celebrados a distancia

La Directiva 2002/65/CE (la "Directiva") ha sido objeto de una exhaustiva evaluación por parte de la Comisión Europea, quedando en entredicho su eficacia a la hora de garantizar la protección de los consumidores y fomentar la contratación transfronteriza de servicios financieros vendidos a distancia.

En este contexto, la Propuesta de Directiva nace con el objetivo de modernizar y simplificar el marco legislativo sobre la comercialización a distancia de servicios financieros con la derogación de la Directiva, en el marco de una constante y creciente digitalización de los servicios pronunciada por la pandemia de Covid-19. Todo ello pretende lograrse:

• garantizando la plena armonización de las normas relativas a los servicios financieros destinados a los consumidores contratados a distancia;

• estableciendo normas sobre la naturaleza de la información precontractual, la forma y el momento en que debe facilitarse, adaptándolas así a la era digital;

• facilitando el ejercicio del derecho de desistimiento;

• garantizando la equidad en línea; y

• reforzando las normas sobre la aplicación de las disposiciones relativas a los servicios financieros contratados a distancia.

La Propuesta de Directiva también incluye la derogación de la Directiva 2002/65/CE, pero manteniendo la Directiva 2011/83/UE (que versa sobre los derechos de los consumidores) como el instrumento regulatorio adecuado con ciertas modificaciones proyectadas en la Propuesta de Directiva.

A la luz de lo anterior, la Propuesta de Directiva incorpora (i) una serie de requisitos de información para los contratos a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores, como la identidad y actividad principal del comerciante, la dirección geográfica del establecimiento del comerciante o descripción de las principales características del servicio financiero, entre otros; (ii) un derecho de desistimiento de los contratos de servicios financieros celebrados a distancia a favor del consumidor; (iii) la regulación del pago del servicio que ha sido efectivamente prestado antes de producirse el desistimiento; y (iv) protección adicional en relación con la interfaz en línea.

La Propuesta de Directiva deberá trasponerse por los Estados Miembros en un plazo de 24 meses tras la adopción de la misma.