Las tendencias de gobierno corporativo marcan la agenda de las sociedades cotizadas españolas
Publicado el 18 de junio de 2026
Las normas de paridad, el creciente escrutinio de los inversores y la primera revisión del Código de Buen Gobierno español desde 2020 convergen sobre los consejos de administración
En 2026, las sociedades cotizadas españolas afrontan la confluencia de tres factores determinantes en el ámbito del gobierno corporativo: la entrada en vigor de la obligación legal de representación paritaria de género en el seno del consejo de administración, con un plazo de cumplimiento inminente; una temporada de juntas generales marcada por un mayor escrutinio por parte de los inversores institucionales sobre las cuestiones de gobernanza; y un proceso de revisión del Código de Buen Gobierno que previsiblemente incidirá de forma significativa en la evolución de las prácticas de gobierno corporativo en los próximos años. Cada uno de estos ámbitos merece atención propia, pero todos apuntan en una misma dirección: una creciente exigencia sobre el funcionamiento y la capacidad real de los consejos de administración de ejercer una supervisión efectiva.
Representación paritaria de género en el consejo: el plazo legal
La Ley Orgánica 2/2024 sobre representación paritaria obliga a las 35 sociedades cotizadas de mayor capitalización a alcanzar un mínimo del 40% de representación del sexo menos representado en sus consejos de administración antes de que finalice el mes, el 30 de junio de 2026. Para el resto de sociedades cotizadas, la obligación entrará en vigor el 30 de junio de 2027.
No se trata de una recomendación de buen gobierno, sino de una obligación legal cuyo incumplimiento puede dar lugar a una infracción grave bajo la Ley del Mercado de Valores y de los Servicios de Inversión. La CNMV ha publicado además criterios interpretativos sobre distintos aspectos prácticos de su aplicación.
A medida que se acerca el primer plazo de cumplimiento, la conversación en muchas compañías cotizadas ya no gira únicamente en torno al porcentaje exigido, sino también a la forma en que se están planificando los procesos de sucesión, renovación y selección de consejeros.
Lo que los inversores están exigiendo
A medida que se acercan los plazos legales, la temporada de juntas generales de 2026 está poniendo de relieve otra realidad: los inversores institucionales y los asesores de voto continúan elevando sus expectativas en materia de gobierno corporativo. Entre las cuestiones que habitualmente concentran su atención destacan la transparencia en las políticas de remuneración, la justificación de la independencia de determinados consejeros, la estructura de liderazgo del consejo de administración y los mecanismos de equilibrio y supervisión dentro del órgano de administración.
También están ganando peso aspectos relacionados con la capacidad de los consejos de administración para identificar y supervisar riesgos emergentes. Entre ellos destacan los vinculados a la digitalización, la ciberseguridad y el uso de sistemas de inteligencia artificial, ámbitos que comienzan a formar parte de la agenda de gobernanza corporativa y supervisión estratégica. Los inversores institucionales y los asesores de voto esperan que los consejos de administración cuenten con las competencias necesarias para supervisar, comprender y cuestionar las decisiones adoptadas en estos ámbitos.
Todo lo anterior tiene una consecuencia práctica relevante: el Código de Buen Gobierno no es el único referente de lo que el mercado considera una buena práctica de gobernanza. Los grandes inversores institucionales y los asesores de voto aplican criterios propios de evaluación y políticas de voto que, en determinados ámbitos, pueden resultar más exigentes que las recomendaciones actualmente recogidas en el Código.
Código de Buen Gobierno: próximos pasos
La CNMV ha confirmado que el proceso de revisión del Código de Buen Gobierno avanzará a lo largo de 2026, con una consulta pública prevista para el primer trimestre de 2027 y una aprobación definitiva durante el segundo trimestre de ese mismo año.
El grupo de expertos constituido para asesorar al regulador trabaja sobre un conjunto de cuestiones que van más allá de los debates tradicionales sobre composición, diversidad o funcionamiento de los consejos.
Entre las materias identificadas por la CNMV como áreas prioritarias de análisis figuran la digitalización, la ciberseguridad y la inteligencia artificial, cuyo uso creciente en los procesos de toma de decisiones plantea nuevos retos para la gobernanza corporativa. A estas cuestiones se añaden factores externos cada vez más presentes en la agenda de los órganos de administración, como la incertidumbre geopolítica o el entorno regulatorio internacional, aspectos que están ampliando progresivamente el perímetro tradicional de supervisión de los consejos.
Comentario de Osborne Clarke
Para las sociedades cotizadas, la confluencia de estos factores exige una respuesta coordinada. A corto plazo, el cumplimiento de la obligación de representación paritaria de género requiere una planificación inmediata de los procesos de selección y renovación de consejeros, especialmente en las compañías sujetas al primer plazo de finales de junio. El creciente escrutinio de los inversores institucionales y los asesores de voto obliga asimismo a los consejos de administración a anticiparse a expectativas que van más allá del marco normativo vigente, incluidas las relativas a la supervisión de riesgos vinculados a la digitalización, la ciberseguridad y la inteligencia artificial.
La revisión del Código de Buen Gobierno que la CNMV prevé llevar a cabo en 2027 no debe abordarse como un ejercicio futuro y ajeno. Las sociedades cotizadas deben seguirla de cerca e integrarla desde ahora en su planificación estratégica de gobierno corporativo.
