La propuesta de reforma para que el precio sea el único criterio de adjudicación reabre el debate sobre la contratación pública en España

La contratación pública en España vive un nuevo punto de inflexión. El debate entre precio y calidad vuelve a situarse en el centro de la escena jurídica y política, reabriendo una discusión que parecía resuelta con la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). Esta Ley, aprobada con el fin de modernizar la contratación pública, apostó por la mejor relación calidad-precio, en la que los criterios cualitativos, sociales y medioambientales ganaran terreno frente al criterio económico.

En un panorama actual marcado por la necesidad de reforzar la transparencia y prevenir la corrupción, están surgiendo propuestas que abogan por criterios de contratación cuantificables y automáticos frente a los juicios de valor, restaurando la importancia del precio que la LCSP había matizado. Los "juicios de valor" son criterios cualitativos evaluados por especialistas (por ejemplo, metodología y organización del servicio), mientras que los "criterios automáticos" se puntúan mediante fórmulas (por ejemplo, precio y plazos), con una discrecionalidad mínima.

La adjudicación en la LCSP

La LCSP parte de la premisa de que el precio no debe ser el único criterio de la adjudicación. Los artículos 1.3 y 145 de la Ley son explícitos al respecto: los órganos de contratación deben establecer criterios que permitan obtener obras, suministros y servicios de calidad, ajustados a las necesidades reales y no solo al presupuesto. En otras palabras, el precio dejó de ser, al menos sobre el papel, el elemento central de la adjudicación.

Sin embargo, aplicar estos principios en la práctica ha resultado complejo. Evaluar la calidad requiere una labor técnica y profesional que demanda formación, experiencia y capacidad de juicio. En cambio, comparar precios es inmediato, objetivo y automatizable. Esa diferencia ha mantenido vivo el debate sobre hasta qué punto la búsqueda de la objetividad puede terminar sacrificando la calidad. 

La propuesta de reforma de los pliegos de contratación

En este contexto, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha propuesto una posible reforma de los pliegos de contratación que podría modificar los criterios de adjudicación. Esta propuesta busca revisar los pliegos para eliminar los criterios subjetivos y otorgar al precio una ponderación del 100% en determinados contratos.

El planteamiento del Ministerio consiste en eliminar los juicios de valor en la adjudicación de contratos de obras y servicios, especialmente en los sectores de carreteras y ferrocarril. Se busca así apostar por procedimientos automáticos y objetivos en los que el precio sea el único factor determinante, reduciendo la discrecionalidad y tratando de evitar irregularidades en los procesos de licitación. 

Reacción del sector a la propuesta de reforma

Aunque el objetivo de la reforma es reforzar el sistema de contratación, el sector ve con preocupación que esta tendencia propuesta pueda derivar en subastas puras, en las que el precio sea el único factor determinante.

Ante este escenario, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha reaccionado subrayando que el concurso es la herramienta más eficaz para garantizar la transparencia y la libre concurrencia, ya que valora la oferta de forma global y el proceso se caracteriza por la obligación de justificar cada aspecto de la oferta y de dejar un rastro documental.

Por el contrario, según la CNC, en la subasta basta con ofertar el precio más bajo para la adjudicación, lo que podría poner en peligro la eficiencia y la calidad de las infraestructuras, y promover un servicio deficiente y las denominadas "bajas temerarias", que pueden suponer un coste mayor a largo plazo. Además, la entidad destaca que el concurso fomenta la competencia real y la excelencia técnica, ya que las empresas compiten en innovación y mejoran la calidad de las infraestructuras, todo ello favoreciendo una mejor relación calidad-precio.

Por otro lado, existe una gran preocupación especialmente en el ámbito de la conservación y el mantenimiento de las carreteras, donde los contratos dependen de la valoración de diferentes factores como el precio, la experiencia o la innovación. El sector teme que el modelo propuesto por el Ministerio pueda afectar negativamente a la seguridad vial y a la calidad del patrimonio público viario. Innovaciones como las “carreteras que perdonan”, el uso de materiales sostenibles o las mejoras en drenaje, marcas viales y sistemas de contención podrían desaparecer si el único incentivo es el ahorro inmediato. Estas innovaciones suelen incorporarse como criterios de adjudicación (innovación, método y rendimiento) o como condiciones de ejecución (por ejemplo, materiales con certificación ambiental), ámbitos que podrían perder peso si el precio fuese el único criterio.

La Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública ya insta a los Estados a combinar competencia con transparencia y a evitar simplificaciones que perjudiquen el interés general. Apostar por la subasta podría contradecir incluso el espíritu de la LCSP, cuyo objetivo es precisamente incentivar la competencia mediante propuestas de valor.

Resolución del Parlamento Europeo sobre contratación pública

La Resolución del Parlamento Europeo de 9 de septiembre de 2025 (2024/2103(INI)) alerta de que el precio como criterio único degrada la calidad e incrementa el riesgo de ‘dumping’ social y trabajo no declarado. Insta a orientar la contratación hacia la mejor relación calidad-precio e integrar criterios sociales, medioambientales y laborales (artículo 18.2 de la Directiva).

Este enfoque converge con las recomendaciones de órganos consultivos y tribunales de recursos contractuales en España, que promueven la motivación técnica de los criterios y el refuerzo del rastro documental.

Comentario de Osborne Clarke

La propuesta de reforma del Ministerio ha reabierto un debate que parecía superado, pero que sigue siendo fundamental para la modernización de la contratación pública. Los sectores afectados coinciden en que el objetivo no debe ser automatizar la decisión, sino profesionalizarla, dotando de medios y formación a quienes valoran las ofertas y reforzando los controles sin renunciar al juicio técnico.

En un momento en el que España afronta la ejecución de los fondos europeos y la transición hacia infraestructuras más sostenibles, la forma en que se contratan las obras públicas no es una cuestión menor. La experiencia de los técnicos y contratistas que operan en el sistema de la contratación pública es un recurso valioso que no puede ser sustituido por una fórmula. El reto consiste en construir un modelo equilibrado.

En caso de que desees saber más sobre la cuestión tratada en esta nota u otras relacionadas con la contratación pública, no dudes en contactar a alguno de nuestros expertos mencionados más abajo o con tu contacto habitual en Osborne Clarke