IA y contratación pública: del screening anti-colusión a la automatización segura

La incorporación progresiva de la inteligencia artificial a la contratación pública se ha convertido en una realidad que está transformando la forma en la que actúan las administraciones y las empresas. El debate ya no gira en torno a si las herramientas de Inteligencia Artificial (IA) deben utilizarse o no, sino sobre cómo debe integrarse y dónde deben situarse sus límites. Ejemplos recientes en España y en otros Estados miembros de la Unión Europea ponen de manifiesto que la integración de la IA está reconfigurando la contratación pública.

Panorama actual del uso de la IA en las Administraciones Públicas

Las administraciones españolas han acelerado notablemente la integración de tecnologías de análisis avanzado en sus sistemas de contratación. Este movimiento no es exclusivo de España, ya que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha documentado experiencias internacionales en Ucrania, Chile, Brasil y Portugal.

En España, el impulso más ambicioso se ha producido a nivel estatal. El Gobierno anunció una transformación de la plataforma de contratación pública para incorporar inteligencia artificial, automatización y análisis masivo de datos con el objetivo de detectar patrones irregulares y anticipar comportamientos de riesgo. Se trata de una estrategia alineada con las recomendaciones de la Comisión Europea, Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) y la OCDE, especialmente en un contexto marcado por episodios recientes de mala gestión que han reavivado la preocupación social por la transparencia de los procesos públicos.

A nivel autonómico, el mapa también está cambiando con rapidez. Asturias ha incorporado la plataforma Tendios, una herramienta digital con IA que optimiza la contratación pública para entidades gubernamentales y empresas privadas, con el fin de automatizar la elaboración de memorias justificativas y pliegos, agilizar la tramitación y mejorar la trazabilidad de los expedientes. Otro ejemplo es la Generalitat Valenciana que ha apostado por sistemas de IA aplicados específicamente a la prevención del fraude y a la detección temprana de irregularidades, reforzando un modelo de contratación orientado a la integridad.

Estas iniciativas confirman que la IA se está desplegando de forma asimétrica según las capacidades organizativas, pero avanza irremediablemente hacia todas las fases del ciclo contractual.

Por ejemplo, antes de la licitación, este tipo de herramientas de IA pueden usarse para facilitar el análisis del mercado, la definición de necesidades y la elaboración de pliegos más coherentes y comparables. Durante la fase de concurrencia, agiliza la clasificación de las ofertas, la detección de valores anómalos y la revisión de la documentación. Y, en la fase de ejecución, se empieza a utilizar para evaluar hitos, identificar desviaciones, monitorizar patrones de subcontratación y segmentar riesgos en tiempo real.

La IA aplicada en la contratación pública

En un contexto marcado por la preocupación por los episodios recientes de corrupción en la contratación, la IA aparece como una herramienta capaz de reforzar la confianza. Su capacidad para analizar miles de expedientes, precios y adjudicatarios simultáneamente, y detectar patrones atípicos, ofrece la capacidad de redefinir la vigilancia en materia de contratación pública, lo que permite a las administraciones públicas identificar rotaciones sospechosas, coincidencias documentales, subcontrataciones circulares o variaciones de precios que antes pasaban inadvertidas.

En este sentido, la CNMC ha dado un paso decisivo con BRAVA (Bid Rigging Algorithm for Vigilance in Antitrust en sus siglas en inglés), un algoritmo de vigilancia antitrust diseñado para detectar prácticas colusorias en licitaciones públicas. Su capacidad para clasificar ofertas abre un campo que, hasta ahora, dependía casi exclusivamente de indicios manuales o investigaciones a posteriori. Lo más innovador es que permite correlacionar múltiples fuentes de información: patrones de precios, vínculos societarios, relaciones de subcontratación, coincidencias territoriales o comportamientos repetidos. Hasta ahora, estas técnicas se centraban en variables numéricas, pero las posibilidades que ofrece la IA generativa permiten ahora incorporar elementos que hasta hace poco eran inmanejables.

Durante años, muchas conductas anticompetitivas pasaron desapercibidas, como, por ejemplo, las memorias técnicas prácticamente idénticas del cártel de las constructoras en España. Hoy, la IA generativa permite comparar grandes volúmenes de documentación, identificar similitudes estilísticas, detectar fragmentos replicados o evaluar patrones textuales. Lo que antes exigía una revisión manual casi heroica ahora puede detectarse en segundos.

No obstante, la IA no es únicamente una herramienta para el regulador. En el ámbito privado, especialmente entre las pymes, se está empezando a utilizar la IA como asistente en procesos de licitación. La complejidad de los pliegos o la carga burocrática asociada han excluido históricamente a los operadores con menos recursos de participar en la contratación pública.

En este panorama, han aparecido diferentes herramientas que, mediante el uso de la IA aplicada específicamente al sector de la contratación pública, han introducido una verdadera democratización del mercado. Al permitir rastrear licitaciones en tiempo real, resumir pliegos mediante modelos de lenguaje natural y generar alertas personalizadas, estas herramientas posibilitan que empresas que antes no podían participar lo hagan ahora con garantías.

La cuestión central sobre el alcance de la IA

La contratación pública es un ámbito en el que coexisten normas estrictas y márgenes de apreciación técnica. La IA promete reducir incertidumbre y objetivar decisiones, pero también puede desplazar el espacio de ponderación que caracteriza a la discrecionalidad administrativa. Parte de esa tensión se explica porque los sistemas algorítmicos reducen la discrecionalidad de los órganos que antes apreciaban hechos o valoraban indicios según su propio criterio. Ahora, un algoritmo puede proponerse como mecanismo para detectar patrones basándose en grandes volúmenes de datos, lo que puede dar la impresión de mayor neutralidad.

Pero esa objetividad tiene matices. La IA solo puede funcionar si alguien decide qué objetivos optimizar o qué datos son relevantes. En la contratación, esto se traduce en que siempre habrá un juicio humano previo, de ahí que empiece a consolidarse la idea de una "reserva de humanidad": la tecnología puede asistir pero no puede decidir en ámbitos en los que el Derecho exige valoración y responsabilidad del órgano de contratación.

En la Unión Europea, el AI Act ha situado la contratación pública dentro de los usos de alto riesgo, exigiendo transparencia, trazabilidad y supervisión permanente. A ello se suma la publicación en marzo de 2025 de las cláusulas contractuales tipo para la compra de sistemas de IA, que introducen exigencias de explicabilidad, auditoría, control humano y gestión del riesgo desde el propio contrato, evitando situaciones en las que la administración adquiere herramientas que no puede comprender ni fiscalizar lo que supone un verdadero riesgo a evitar.

Los desafíos de su implementación

El uso de las herramientas de IA junto con la digitalización está multiplicando la capacidad de detectar conflictos de interés, cárteles, comportamientos anómalos o irregularidades sistémicas. Sin embargo, también introduce desafíos que no deben obviarse y que necesitan de una guía de implementación sólida. La dependencia de proveedores tecnológicos, los posibles sesgos, la insuficiente explicación o la confianza ciega en indicadores automatizados pueden generar nuevas formas de desigualdad, opacidad y vulneración de garantías.

La incorporación de la IA plantea un profundo desafío jurídico y ético al introducir la automatización en un ámbito fuertemente regulado y sometido al principio de igualdad. El reto clave es garantizar la explicabilidad y auditabilidad de los algoritmos para evitar sesgos o exclusiones injustas, sobre todo cuando se utilizan para clasificar ofertas. Aunque el marco europeo establece bases de supervisión, los Estados y las administraciones autónomas deben desarrollar normas y protocolos internos para completar la gobernanza algorítmica así como formar a los profesionales que se vayan a encargar de utilizar y convivir con este tipo de herramientas.

Comentario de Osborne Clarke

A pesar de las incertidumbres que la implementación de herramientas de IA en materia de contratación pública puede generar, creemos que esta tendencia es irreversible y no debe ser obviada. En este sentido, cada vez es más claro que la IA está transformando la contratación pública y lo está haciendo a una gran velocidad. Esta transformación tiene una vertiente positiva puesto que potencia la integridad, democratiza el acceso y moderniza los sistemas de tramitación, pero también exige nuevas competencias, nuevas normas y un compromiso firme con la transparencia y la motivación. La clave, en adelante, consistirá en equilibrar la innovación con las garantías y la seguridad jurídica.

En caso de que desees saber más sobre la cuestión tratada en esta nota u otras relacionadas con la contratación pública, no dudes en contactar a alguno de nuestros expertos mencionados más abajo o con tu contacto habitual en Osborne Clarke.