Más protección para quienes denuncien el quebranto de leyes europeas

Written on 24 May 2019

El Parlamento Europeo aprueba, por amplia mayoría, la propuesta de Directiva europea planteada por la Comisión para reforzar la protección de los "whistleblowers" a nivel comunitario.

Tras escándalos como el de los Papeles de Panamá o las Filtraciones de Luxemburgo, la Comisión Europea presentó en 2018, una propuesta de Directiva europea ante el Parlamento y el Consejo, con el fin de promulgar nuevos estándares homogéneos de protección de los denunciantes en el seno de la Unión.

En este sentido, la propuesta abogaba por la delimitación de un marco normativo común, que permitiere la implementación de canales seguros de notificación para los delatores y la imposición de sanciones y medidas disuasorias para aquéllos que ejerciesen represalias. Con ello, pretendía garantizarse una mejor aplicación de la legislación y de las políticas de la Unión y evitar la fragmentación de criterios y medidas en los diferentes Estados Miembros.

Tras casi un año de espera, el Parlamento Europeo ha aprobado la propuesta de Directiva, como instrumento para la protección y asesoramiento a quiénes revelen infracciones de la legislación comunitaria en ámbitos tan relevantes como la contratación pública, los servicios financieros, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la seguridad de productos y transportes, la seguridad nuclear, la salud pública, la protección al consumidor y la protección de datos.

Para lograr su objetivo, la nueva normativa apuesta por la instauración de canales seguros de denuncia internos obligatorios en el seno de las empresas y organizaciones con un número de empleados por encima de 50, así como externos ante las autoridades legales competentes y, en casos excepcionales tras agotar las demás vías, la Directiva también permite la denuncia pública.

En este sentido, para garantizar dicha seguridad, el nuevo texto normativo prohíbe específicamente la aplicación de represalias e introduce mecanismos para impedir que los delatores sean suspendidos, degradados o sufran algún tipo de intimidación en su puesto de trabajo. Dicha protección se entenderá extensiva para quiénes cooperen con los delatores en la revelación de información (facilitadores, colegas y familiares). Los Estados Miembros deberán garantizar que los delatores tengan en todo momento acceso a información relativa al procedimiento y un asesoramiento legal adecuado, así como que se respete su derecho a la confidencialidad.

Asimismo, la Directiva también prevé la imposición de sanciones por parte de los Estados Miembros a quiénes no cumplan con las obligaciones en ella previstas y apliquen represalias o inicien procedimientos vejatorios contra los delatores o incumplan sus deberes de confidencialidad para con el delator.

Teniendo en cuenta que en la actualidad sólo diez países de la Unión ofrecen una protección jurídica completa en este ámbito, la adopción de esta Directiva por parte de todos los Estados Miembros (los cuales la deberán transponer en sus ordenamientos jurídicos nacionales en el plazo de dos años a contar desde su adopción definitiva), va a suponer, a la vez que un reto, un impulso para la lucha no solo contra la corrupción, sino contra cualquier tipo de actividad ilícita en el seno empresarial así como un importante avance para que los ciudadanos de cualquiera de los países de la UE se sientan legalmente protegidos.