Las autoridades de competencia se oponen a la regulación ineficiente de los nuevos modelos de negocio disruptivos

Written on 23 Apr 2018

Tanto a nivel nacional como autonómico las autoridades de competencia están pronunciándose en contra de la legislación estatal y autonómica que regula de forma ineficiente e imponiendo trabas desproporcionadas a las actividades económicas disruptivas de nuevos operadores en los mercados del “home sharing” y de alquiler de vehículos con conductor (VTC).

Potestades de las autoridades de competencia

Entre las muchas labores que el legislador ha encomendado a las autoridades de competencia en España, se encuentra la potestad de impugnar ante los tribunales actos de las administraciones públicas de los que se puedan derivar obstáculos a la competencia efectiva en los mercados. Antes de acudir a los tribunales, normalmente las autoridades emiten un informe en el que sugieren al gobierno estatal o autonómico de turno, qué cuestiones deben eliminar o modificar para suprimir los obstáculos encontrados.

En el marco de dichas facultades estamos presenciando una intensa actividad de las autoridades de la competencia para fomentar y proteger el desarrollo de nuevos modelos de negocio que puedan beneficiar a consumidores y usuarios al ofrecerles más y mejores alternativas de productos y servicios, así como precios más competitivos.

En el presente artículo abordamos dos de las más recientes intervenciones de las autoridades de competencia españolas. Por un lado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en relación al Real Decreto 1070/17, por el que se modifica el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Real Decreto 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente (RD 1070/17), y por otro la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) respecto del proyecto de reglamento metropolitano de los servicios de transporte discrecional urbano de viajeros en vehículos de turismo de alquiler con conductor (VTC) del Área Metropolitana de Barcelona.

CNMC: Viviendas de uso turístico y las obligaciones de información tributaria

El RD 1070/17 (en vigor desde el 1 de enero de 2018) obliga, a partir de julio de 2018, a todas las empresas intermediarias en la cesión de viviendas para uso turístico a comunicar a la administración tributaria información sobre los alquileres realizados (alquileres suscritos, titular de la vivienda e identificación de las personas o entidades cesionarias). La administración tributaria defiende que se trata de una medida de prevención del fraude fiscal.

Por el contrario, la CNMC ha requerido al Gobierno para que suprima o modifique dichas obligaciones de información, como paso previo para evitar acudir a los tribunales. Los principales argumentos esgrimidos por la CNMC son los siguientes:

  • El RD no delimita con claridad quiénes son los obligados a proporcionar dicha información.
  • Las obligaciones impuestas podrían ser una carga en el funcionamiento de los intermediarios pudiendo tener esto un efecto restrictivo de la competencia.
  • Algunos aspectos requeridos son innecesarios y desproporcionados en relación con el fin buscado. Se considera de dudosa relevancia tributaria el dato de quién es el titular de la vivienda si no coincide con la persona que tiene el derecho de cesión de la misma.

Sin perjuicio de esta actuación de la CNMC, el Tribunal Supremo ha aceptado a trámite un recurso presentado por la asociación Adigital contra el mencionado Real Decreto y la ACCO también ha emitido un informe en rechazo de las obligaciones de información.

Tanto la CNMC como la ACCO y Adigital defienden que dichas obligaciones pueden distorsionar gravemente la competencia, pudiendo obligar a los intermediarios a modificar injustificadamente su modelo de negocio para dar cumplimiento a lo requerido por el Real Decreto.

ACCO: Proyecto de reglamento de VTC del Área Metropolitana de Barcelona

En el ámbito del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) se ha publicado un proyecto de reglamento de VTC que limitaría la competencia que los operadores de VTC podrían hacer al sector del taxi por medio de los siguientes requisitos:

  • Limitar las licencias de VTC que pueden circular en el AMB en una proporción de 1 licencia por cada 30 taxis. La ACCO considera altamente restrictiva para la competencia la limitación de licencias, dado que no solamente impediría la entrada de nuevos operadores, sino que expulsaría a muchos de los ya presentes en Barcelona.
  • Crear un registro propio de VTC en el AMB, sin perjuicio de la existencia de un registro autonómico de VTC. La ACCO considera que dicho registro únicamente duplicaría los costes administrativos de los operadores al requerirles una doble inscripción, innecesaria si existiera una colaboración entre la Generalidad de Cataluña y el AMB.
  • Exigencia de disponer de un local en el AMB para poder ejercer la actividad de VTC en dicho ámbito. La ACCO considera que este requisito es injustificado y discriminatorio, dado que este no se le exige al taxi para desarrollar su actividad.

La ACCO entiende que dichos requisitos no se apoyan en ninguna razón imperiosa de interés general que los justifique, por el contrario, considera que dichos requisitos están diseñados para proteger al sector del taxi, y que de mantenerse tal y como se contemplan en el proyecto, podríamos encontrarnos con la expulsión de operadores con licencia VTC del mercado.

Asimismo, la ACCO entiende que ninguna de las medidas adoptadas en el proyecto es proporcionada o necesaria y que proteger la rentabilidad y demanda del sector del taxi no es un objetivo válido, dado que no protege el interés general sino el particular en detrimento final del consumidor.

Conclusiones

El pulso que estamos presenciando entre el statu quo, representado por los legisladores y los viejos “establishment”, y la “destrucción creativa”, representada por las autoridades de competencia y los modelos disruptivos de negocio, es un pulso que ya se ha dado muchas veces a lo largo de la historia.

Veremos hacía qué dirección se resuelve este pulso, si hacia un modelo económico y legal proteccionista, o hacia un modelo innovador y creativo que aproveche los recursos escasos en un mundo cada vez más poblado. Quizá el futuro de la economía española y el lugar que ésta ocupe en el futuro dependa ya de estas contiendas.