Nueva propuesta de directiva europea para reforzar la protección de los “whistleblowers” a nivel comunitario

Written on 22 Jun 2018

La propuesta de directiva -que requiere la aprobación del Parlamento y Consejo Europeo- pretende establecer un alto nivel de protección para los denunciantes que notifiquen infracciones de normas de la UE, ofrecer canales seguros de notificación tanto dentro de una organización como a las autoridades públicas e imponer sanciones proporcionadas y disuasorias para quienes promuevan o efectivamente apliquen represalias a los denunciantes.

Esta propuesta de Directiva es el segundo paso importante que da Europa en esta dirección después de la aprobación, por el Parlamento Europeo el pasado 24 de octubre, de la resolución en la que la eurodiputada Virgina Rozière solicitaba a la Comisión Europea una propuesta de normas que garantizaran la protección de los whistleblowers (denunciantes de irregularidades) dentro de la Unión.

Dicha propuesta aspira a fijar unas garantías mínimas para que los denunciantes puedan dar parte de las irregularidades o malas prácticas de las que sean testigos y vayan en contra del resto de ciudadanos, sin sufrir represalias por ello.

La referida iniciativa responde a la necesidad de homogeneizar y dar un nivel elevado de protección para los denunciantes de corrupción a nivel comunitario, ya que, actualmente dicho nivel de protección queda a decisión de cada Estado, siendo únicamente diez los Estados de la Unión los que disponen de una ley que proteja a los whistleblowers.

Y es que, casos como el Dieselgate, los papeles de Panamá o el caso de Cambridge Analytica han puesto de relieve la importancia de los denunciantes, los cuales han jugado un papel determinante para poder investigar y sacar a la luz la comisión de las infracciones anteriores.

La Directiva, de ser aprobada, se dirige a garantizar la protección de aquellos denunciantes de infracciones en ámbitos como la contratación pública, los servicios financieros, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Además, se proponen normas mínimas que garanticen esa protección y requiere a los Estados miembros para que implementen canales de denuncia seguros y protejan a las denunciantes frente al despido y otras represalias. Dichas medidas incluyen un asesoramiento legal gratuito, una reversión de la carga de la prueba ante represalias internas dentro de la organización (como ante un despido o acoso laboral) o la inimputabilidad por infringir acuerdos de confidencialidad.

La Directiva establece tres canales para poder comunicar las correspondientes denuncias:

La primera vía sería la de comunicar la presunta infracción en el seno de su organización, pública o privada, a través del canal interno establecido. En caso de que no haya respuesta por parte de la organización en los plazos establecidos por la Directiva o que el uso de ese canal pueda poner en peligro la investigación, el denunciante podrá reportar directamente a las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de la normativa vigente. Y finalmente, una tercera vía en caso de que la segunda no sea efectiva por las mismas razones indicadas, que consistiría en la denuncia de forma directa a los medios de comunicación.

Como norma general, todas las empresas de más de 50 empleados, empresas de cualquier tamaño que operen en el sector de servicios financieros o que sean vulnerables por su naturaleza con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, así como la administración estatal, regional y a municipios de más de 10.000 habitantes estarán obligadas a aplicar dichas medidas.

Finalmente, la propuesta de Directiva, además de prohibir las represalias, establece que los Estados Miembros deberán imponer sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias aplicables a las personas físicas o jurídicas que promuevan o efectivamente apliquen represalias a los whistleblowers.

Tal y como establece el propio texto de la Directiva, “la introducción de normas robustas de protección de los whistleblowers contribuirá a proteger el presupuesto de la Unión, a asegurar que el mercado único funcione apropiadamente y que los negocios operen en un ambiente competitivamente justo“.